Muerte, éxodo masivo y desestructuración social es el resultado para la población de cinco años de ocupación, de la que EE UU intenta salir airoso y sacar beneficio.
FRAUDE. “La reconstrucción del país es un amargo fraude que la comunidad internacional acepta sin inmutarse”. La comunidad internacional recuerda en estas fechas el quinto aniversario del inicio de la invasión y de la ocupación de Iraq. El balance de estos años para el pueblo iraquí es aterrador y, para los ocupantes, el de un evidente fracaso del que están ya intentando librarse, mientras que los regímenes vecinos de Iraq se aprestan a sacar beneficio de la destrucción del país. La ocupación ha generado la mayor crisis mundial de refugiados de las últimas décadas. Y a los cinco millones de iraquíes que han tenido que dejar su hogar en estos cinco años se suma un millón más de muertos.
Tras el éxodo masivo iraquí se encuentra como causa la violencia generalizada pero también el deterioro de las condiciones básicas de vida de la población. Más de seis millones de personas precisan ayuda humanitaria urgente, el doble que en 2004. La reconstrucción del país es un amargo fraude que la comunidad internacional acepta sin inmutarse. Iraq ocupa el tercer puesto mundial en nivel de corrupción: nadie sabe a dónde van a parar los ingresos por la venta de crudo, estimada en enero en 2,1 millones de barriles diarios. Las causas del éxodo de la población han ido superponiéndose: los operativos militares de los ocupantes y la destrucción de las infraestructuras; el deterioro de las condiciones de vida de la población por el colapso del Estado, la corrupción y el afianzamiento de las mafias locales; y la violencia sectaria desarrollada por servicios de seguridad, milicias y escuadrones de la muerte vinculados a las formaciones que integran el Gobierno colaboracionista y que en su campaña de terror han contado con el estímulo o con la tolerancia de los ocupantes. En un círculo vicioso de causa y efecto, la destrucción de las instituciones, el empobrecimiento generalizado y la desestructuración social ocasionados por la ocupación retroalimentan la expansión de corrientes regresivas y confesionales.
Pero la denominada violencia sectaria es, antes que nada, política, social y económica, y prefigura la fragmentación efectiva del país, una lógica derivada del fracaso de la ocupación y que sirve, antes que a los invasores, a los regímenes vecinos de Iraq, satisfechos de ver destruida la potencia regional que pudo haber sido. Si, para identificar resistencia con terrorismo, la atención mediática se centra en los atentados indiscriminados atribuidos a al-Qaeda, lo cierto es que en 2005 y 2006 el 80% de las víctimas civiles se debió a cuerpos parapoliciales y escuadrones de la muerte de las formaciones del confesionalismo político chií que hegemonizan las nuevas instituciones.
En Bagdad la violencia ha sido esencialmente política y social, con perfiles que permiten intuir que la lógica de sus promotores respondía a la determinación de erradicar grupos opuestos a la ocupación y a la normalización política interna. Así, las víctimas no han sido sólo los miembros de ciertas comunidades, sino los sectores secularizados de la sociedad, sus intelectuales y profesionales, los dirigentes y activistas de las organizaciones civiles antiocupación. Tres cuartas partes de Bagdad están bajo control de los paramilitares. Para el Pentágono, la estrategia de terrorismo de las milicias chiíes favorecía el aislamiento de Bagdad de su periferia, bajo control de la resistencia iraquí; para los paramilitares el objetivo era convertir en minoritaria a la comunidad sunní y aniquilar a los sectores seculares, para incorporar la capital al área centro-sur y sur de mayoría chií, que ha de acceder a un régimen de autonomía en el marco del nuevo modelo federal anticipado en la Constitución de 2005 y que el Parlamento iraquí debate. Tras ello, el control del petróleo.
Muy regresiva en derechos civiles y económicos, la Constitución anticipaba también la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada por el Gobierno en 2007 y en debate en el Parlamento. Esta nueva ley ha sido redactada por técnicos nombrados por los ocupantes y nueve compañías petroleras internacionales, y sancionada por el FMI. La ley confirma la ruptura del marco jurídico del Estado iraquí, sanciona la gestión local de los recursos aún no explotados (el 78% de las reservas, más de 111.000 millones de barriles) y abre la puerta a la privatización del sector mediante los Acuerdos de Participación en la Producción, por los que compiten 70 empresas extranjeras, entre ellas Repsol.
EE UU mantiene en Iraq 159.000 efectivos y gasta al mes en la guerra contra la resistencia más de 8.000 millones de euros, tres veces más que en 2003. Pero hay dudas de que pueda mantenerse sólidamente en Iraq si no es a través de acuerdos con países vecinos, en concreto con Irán. En 2007 hubo tres encuentros públicos bilaterales en Bagdad a fin de tratar cuestiones sobre la seguridad en Iraq, un hecho significativo, dado que EE UU e Irán tienen rotas sus relaciones diplomáticas desde 1977 y que estas citas se han llevado a cabo a pesar de la crisis sobre el desarrollo nuclear iraní. A principios de este mes, el presidente iraní visitó oficialmente Iraq, una visita que contó con el visto bueno de EE UU y que supone por parte de Teherán la ratificación de su reconocimiento de las instituciones iraquíes surgidas de la ocupación.
El hecho es que EE UU e Irán comparten socios en Iraq: las formaciones del campo confesional chií, con fuertes relaciones históricas con Irán e interlocutores del Gobierno Bush en la preparación de la invasión y tras ésta. Estos encuentros han otorgado a Irán la categoría de actor en relación al futuro de Iraq. Y Washington anhela obtener de Irán una mínima estabilización que le permita mantenerse en el país antes de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca aborde la salida de Iraq y mientras ‘negocia’ con el Gobierno de al-Maliki un marco bilateral definitivo. No hay nada más opuesto a las aspiraciones del pueblo iraquí a la soberanía y a una democracia efectiva que esta lógica de condominio entre ocupantes –ya derrotados– y regímenes vecinos prestos a repartirse sus despojos con una nueva oligarquía local, corrupta, atávica y criminal surgida con la invasión.
El Marquesado de Villena, llegó a pertenecer al Rey Juan I de Navarra, quien comprometió en matrimonio a su hija Blanca con Enrique IV de Castilla, incluyendo en la dote matrimonial el Marquesado de Villena.
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